La propuesta presentada al Senado contempla la completa asimilación de las funciones de las secretarías por parte de otras dependencias en un plazo de dos meses
El presidente Felipe Calderón presentó al Senado una iniciativa de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que formaliza y da plazo para la desaparición de las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública.
El presidente presentó en el Senado su propuesta, instancia donde la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por Manlio Fabio Beltrones, propuso hace un mes desaparecer a la Función Pública y desbrozó el crecimiento de la alta burocracia en la administración pública federal con los gobiernos panistas.
Una vez publicada la iniciativa aprobada por el Congreso, las oficinas propuestas a desaparecer tendrán 90 días para instrumentar la transferencia de funciones, pero sólo con los "recursos necesarios, de ninguna manera la totalidad de los mismos" para su operación, sin mencionar qué se hará con los sobrantes.
Así, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del decreto las que desaparecen elaborarán una relación detallada de los asuntos, juicios y procedimientos pendientes que tengan a sus respectivos cargos, con la finalidad de que se transfieran a las dependencias que asumirán sus funciones o a la Presidencia de la República, según corresponda, y dicha relación deberá ser actualizada dentro de los sesenta y noventa días siguientes a la publicación del decreto.
Asimismo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del decreto quienes dejan de existir en la estructura gubernamental elaborarán una relación del personal adscrito al servicio de las mismas, detallando nivel, funciones y área de adscripción, para entregarla a las dependencias que asumirán sus funciones y deberán actualizarla dentro de los sesenta y noventa días naturales siguientes a la publicación del decreto.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará los ajustes que correspondan a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, con motivo del traspaso de los órganos internos de control a la Contraloría General de la República", señala el noveno artículo transitorio de la iniciativa.
Quienes reciben facultades contarán con 50 días para modificar sus estructuras y deberán aprovechar las de las dependencias que desaparecerán.
"Dentro de los 50 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, realizarán un diagnóstico sobre las modificaciones a sus normativas internas y estructuras orgánicas respectivas, que sean necesarias para ejecutar las funciones que tendrán a su cargo por virtud del presente Decreto, para lo cual aprovecharán las estructuras de las dependencias que desaparecerán, atendiendo a los principios de racionalidad administrativa, eficiencia de unidades administrativas y no duplicidad de funciones".
Además, con el auxilio de las secretarías de la Función Pública, de Reforma Agraria y de Turismo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación del decreto realizarán un diagnóstico de los bienes que las dependencias que desaparecerán vienen utilizando, para que se destinen los que resulten necesarios para sus nuevas funciones.
Los más de 10 mil burócratas desempleados serán indemnizados o se acogerán al retiro voluntario, además de que les ofrecerán asesoría, capacitación y becas para su reinserción al mercado laboral y se "extenderá temporalmente" el servicio de salud en el ISSSTE.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí crecerá al responsabilizarse del control en materia de servicios personales y del control del Servicio Profesional de Carrera, que hoy maneja la Función Pública, por lo que se propone que "previo dictamen de suficiencia presupuestal de la propia Secretaria, la Presidencia de la República apruebe las estructuras orgánicas y ocupacionales".
De acuerdo con la propuesta presidencial sólo se transfieren facultades de las dependencias disueltas.
"Nótese que se trata de la supresión de las estructuras administrativas de esas dependencias, más no de eliminar las funciones que tienen asignadas o de soslayar la importante función administrativa a su cargo. El objetivo es hacer más con menos, aprovechando estructuras existentes y evitando, además, posibles duplicidades", señala la iniciativa de decreto.
"De esta manera las funciones fundamentales de dichas dependencias -más no el gasto administrativo que hoy representan- se trasladarían a otras secretarías afines". México, D.F.
El presidente presentó en el Senado su propuesta, instancia donde la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por Manlio Fabio Beltrones, propuso hace un mes desaparecer a la Función Pública y desbrozó el crecimiento de la alta burocracia en la administración pública federal con los gobiernos panistas.
Una vez publicada la iniciativa aprobada por el Congreso, las oficinas propuestas a desaparecer tendrán 90 días para instrumentar la transferencia de funciones, pero sólo con los "recursos necesarios, de ninguna manera la totalidad de los mismos" para su operación, sin mencionar qué se hará con los sobrantes.
Así, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del decreto las que desaparecen elaborarán una relación detallada de los asuntos, juicios y procedimientos pendientes que tengan a sus respectivos cargos, con la finalidad de que se transfieran a las dependencias que asumirán sus funciones o a la Presidencia de la República, según corresponda, y dicha relación deberá ser actualizada dentro de los sesenta y noventa días siguientes a la publicación del decreto.
Asimismo, dentro de los treinta días naturales siguientes a la publicación del decreto quienes dejan de existir en la estructura gubernamental elaborarán una relación del personal adscrito al servicio de las mismas, detallando nivel, funciones y área de adscripción, para entregarla a las dependencias que asumirán sus funciones y deberán actualizarla dentro de los sesenta y noventa días naturales siguientes a la publicación del decreto.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará los ajustes que correspondan a los presupuestos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República, con motivo del traspaso de los órganos internos de control a la Contraloría General de la República", señala el noveno artículo transitorio de la iniciativa.
Quienes reciben facultades contarán con 50 días para modificar sus estructuras y deberán aprovechar las de las dependencias que desaparecerán.
"Dentro de los 50 días naturales siguientes a la publicación del presente Decreto, realizarán un diagnóstico sobre las modificaciones a sus normativas internas y estructuras orgánicas respectivas, que sean necesarias para ejecutar las funciones que tendrán a su cargo por virtud del presente Decreto, para lo cual aprovecharán las estructuras de las dependencias que desaparecerán, atendiendo a los principios de racionalidad administrativa, eficiencia de unidades administrativas y no duplicidad de funciones".
Además, con el auxilio de las secretarías de la Función Pública, de Reforma Agraria y de Turismo, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación del decreto realizarán un diagnóstico de los bienes que las dependencias que desaparecerán vienen utilizando, para que se destinen los que resulten necesarios para sus nuevas funciones.
Los más de 10 mil burócratas desempleados serán indemnizados o se acogerán al retiro voluntario, además de que les ofrecerán asesoría, capacitación y becas para su reinserción al mercado laboral y se "extenderá temporalmente" el servicio de salud en el ISSSTE.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí crecerá al responsabilizarse del control en materia de servicios personales y del control del Servicio Profesional de Carrera, que hoy maneja la Función Pública, por lo que se propone que "previo dictamen de suficiencia presupuestal de la propia Secretaria, la Presidencia de la República apruebe las estructuras orgánicas y ocupacionales".
De acuerdo con la propuesta presidencial sólo se transfieren facultades de las dependencias disueltas.
"Nótese que se trata de la supresión de las estructuras administrativas de esas dependencias, más no de eliminar las funciones que tienen asignadas o de soslayar la importante función administrativa a su cargo. El objetivo es hacer más con menos, aprovechando estructuras existentes y evitando, además, posibles duplicidades", señala la iniciativa de decreto.
"De esta manera las funciones fundamentales de dichas dependencias -más no el gasto administrativo que hoy representan- se trasladarían a otras secretarías afines". México, D.F.
